En este Día de los Derechos Humanos celebramos también el 60° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

La Declaración, redactada entre la destrucción y la pobreza absolutas reinantes tras la segunda guerra mundial, refleja los anhelos de la humanidad por un futuro de prosperidad, dignidad y coexistencia pacífica.

Su aprobación marcó un hito. Hoy en día, la Declaración sigue siendo una parte esencial de la propia identidad de las Naciones Unidas.

Los retos que se nos presentan en la actualidad son tan abrumadores como los que en su momento afrontaron los autores de la Declaración.

Nos enfrentamos a una emergencia alimentaria y a una crisis financiera mundial.

El medio ambiente sigue sufriendo las agresiones de la humanidad.

Demasiados países viven bajo el yugo de la represión política.

Y, como siempre, el sufrimiento y los abusos golpean primero a los más vulnerables.

Los más afortunados de nosotros, quienes no hemos sufrido los efectos más negativos de los desastres, la pobreza o la inestabilidad, no podemos hacer caso omiso de estos retos. El efecto en cadena de los abusos y la indiferencia puede llegar a propagarse por todo el planeta.

Los derechos, especialmente las violaciones cometidas contra ellos, deben unir a todo el mundo con lazos de solidaridad.

En este Día de los Derechos Humanos, confío en que actuaremos con arreglo a nuestra responsabilidad colectiva de defender los derechos consagrados en la Declaración Universal.

Sólo podremos celebrar la majestuosa visión de tan inspirador documento cuando sus principios se apliquen plenamente en todas partes y para todos sin excepción.

Hace exactamente 60 años, las Naciones Unidas aprobaron la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La Convención fue la consecuencia directa del intento de exterminar a la población judía durante el Holocausto y desde entonces ha representado la aspiración de las Naciones Unidas de impedir que ese horror se vuelva a producir.

La Convención obliga a los Estados signatarios a “prevenir y castigar” el delito de genocidio; a actuar contra los que matan o cometen otros actos graves “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal”. En virtud de la Convención, los intentos de cometer genocidio e incitación pública al genocidio son actos punibles.

La labor de las Naciones Unidas para prevenir el genocidio abarca una amplia gama de actividades. En su sentido más amplio, promueve los derechos humanos, el estado de derecho y la igualdad fundamental de todas las personas. La Organización tiene una presencia mundial que le permite prestar asistencia práctica a los Estados en la creación de instituciones democráticas y en la solución de controversias por medios pacíficos. Hemos establecido una oficina dedicada a la prevención del genocidio. En 2005, los Estados Miembros acordaron por unanimidad una nueva norma mundial innovadora: la responsabilidad de proteger, que tiene por objeto impedir que los líderes nacionales oculten los abusos amparándose en el falso manto de la soberanía.

Las Naciones Unidas también procuran asegurar que los perpetradores de actos de genocidio sean sometidos a la justicia lo más pronto posible. El crimen de genocidio figura en los Estatutos de los Tribunales Internacionales para la ex Yugoslavia y para Rwanda, en la ley sobre el establecimiento de las salas especiales de los tribunales de Camboya y en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. La justicia no es solamente uno de nuestros objetivos principales; es en sí misma un importante medio de prevención.

A pesar de estos esfuerzos, el mundo ha seguido siendo testigo de atrocidades que violan la dignidad humana. Con demasiada frecuencia, la respuesta internacional ha sido inadecuada. Lejos de ser una cuestión del pasado, el genocidio y los actos de ese tipo siguen siendo una amenaza grave. Hoy, más que nunca, se necesita no solo la vigilancia sino también la voluntad de actuar.

Con ocasión de este aniversario, exhorto a los Estados Miembros que todavía no hayan hecho a que se adhieran a la Convención. Exhorto también a todos los Estados a que apliquen la Convención y apoyen nuestros esfuerzos para prevenir el genocidio y otras violaciones graves de los derechos humanos que puedan terminar en genocidio. La prevención del genocidio es una responsabilidad tanto colectiva como individual. Debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance para asegurar que nuestros hijos puedan vivir sin temor a perder sus vidas por pertenecer a un grupo étnico, nacional, religioso o racial.

El mundo está inmerso en una crisis financiera internacional causada en parte por la avaricia y la corrupción. La confianza en el sistema financiero ha sufrido un duro golpe y la integridad de numerosos bancos ha sido puesta en cuestión. Mucha gente ha perdido los ahorros de toda una vida.

Si bien la gravedad de la situación es indudable, otra crisis financiera silenciosa que afecta a los más pobres del mundo concita mucha menos atención. En todo el mundo en desarrollo, todos los años se roban o pierden mediante sobornos y otras fechorías miles de millones de dólares que son indispensables para invertir en atención médica, escuelas, agua potable e infraestructura. Esto dificulta aún más la prestación de servicios básicos y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, impidiendo además a las personas el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales.

Las Naciones Unidas están contraatacando. Su Convención contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, incluye medidas contundentes para fomentar la integridad y combatir la corrupción que son aplicables tanto al sector público como al sector privado. Hay una imperiosa necesidad de que la Convención surta efecto y se convierta en la norma mundial. Aguardo con anhelo la creación de un sólido mecanismo para examinar la aplicación de la Convención, que se espera sea aprobado por la próxima conferencia de los Estados partes.

La crisis financiera mundial también pone de relieve la necesidad de intensificar la reglamentación. En virtud de la Convención, el secreto bancario ya no es óbice para recuperar los activos sustraídos. El Banco Mundial y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito están realizando grandes progresos, en el marco de la Iniciativa para la recuperación de los activos robados, para que los Estados puedan recuperar su dinero.

No sólo los gobiernos y las instituciones financieras deben emplearse más a fondo para prevenir la corrupción y reforzar la integridad, ya que la corrupción nos afecta a todos. Socava las instituciones democráticas y el estado de derecho, a la vez que permite a los terroristas financiar sus nefandos actos. En este Día Internacional, pongamos todos algo de nuestra parte para afianzar la integridad, acatar las reglas y aunar esfuerzos en contra de esta amenaza mundial. Como reza el lema de la campaña contra la corrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tu “no” cuenta.